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Publicado por en 29/04/2014 el Artículos de alumnos | 0 comentarios

Si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia.

Por Jimena Olascoaga

En octubre se plebiscita la reforma constitucional que propone llevar la edad de imputabilidad penal a los 16 años. En año electoral, con una interna pujante, el Partido Nacional ha quedado encorsetado entre dos posiciones antagónicas y no hemos generado el debate que el tema amerita.
En cuestiones de tanta importancia, quienes nos embanderamos con la divisa de defensores de las leyes, debemos llevar el tema más allá de la simple opinión. Estamos obligados al estudio riguroso y al debate intelectualmente honesto, sin caer en especulaciones electorales siendo así fieles a nuestra historia, a nuestra idiosincrasia, a nuestra fibra más íntima, fieles a por la patria.

La inseguridad en Uruguay es el tema más sensible de la agenda y que preocupa enormemente a la mayoría de los conciudadanos. ¿Pero la baja de la edad de imputabilidad es solución?

Según los datos del Poder Judicial (2011) tan solo el 6% de los asuntos penales corresponden a menores de edad. Y del total de la población menor de edad estos no alcanzan a representar al 1% de la población. Por lo que aventurarse a afirmar que la solución al problema de la inseguridad es “la baja” es cuando menos irresponsable y demagogo.

Pero “la situación no se aguanta más” y “algo hay que hacer” aunque en la desesperación por dar soluciones terminemos cortando la pila por el lado más fino, hubo quienes se sumaron a la propuesta por razones respetables; pero no se puede desconocer que muchos han batido la bandera de “por más seguridad” y “por vivir en paz” con fines claramente electorales. Meramente especulando con la desesperación de las personas que se sienten inseguras. Y también lograron embarcar a ciudadanos (algunos de ellos políticos) preocupados, para hacerles el caldo gordo a sus campañas que sin este tema estarían totalmente faltas de contenido (porque limpiar muros no es una propuesta de gobierno).

Durante esta última década las mayorías parlamentarias también fallaron en este aspecto, hicieron la plancha política con respecto al tema. Tenemos un código penal (Ley 9.155 de 4 de diciembre de 1933 y sus modificativas), con más de 80 años que si bien es una obra legislativa admirable, especialmente para su contexto, ha perdido la vigencia que debiera tener. No refleja los cambios que han experimentado tanto el país como el mundo. Tampoco hemos debatido sobre el código de proceso penal, y mucho menos hemos prestado atención al sistema penitenciario que se ha transformado en una bomba de tiempo, esperando el momento más inoportuno para explotar.

Pero, en vez de solucionar unas de las carencias más grandes que tiene el Estado uruguayo, vamos a plebiscitar una reforma constitucional que le atribuye a una franja etaria más responsabilidades que derechos. Debido a que no estamos bajando la mayoría de edad, porque ese sería otro cantar bastante más justo por cierto. Reforma que deja una ventana abierta en la enumeración diciendo “así como por los demás delitos que indique la ley”, en donde luego podamos meter en la misma bolsa todos los parches que podamos al sistema, hasta que no podamos evitar más encarar el verdadero problema.

Y si tal vez en esa bolsa caigan flagrantes injusticias, dejamos a la discreción del tribunal la posibilidad de eximir o atenuar la pena, dándonos de bruces contra el principio de legalidad. Confirmando que la moda de lo político por encima de lo jurídico no es patrimonio exclusivo de las izquierdas autoritarias sino que ya está instaurada en el espectro ideológico en su totalidad.

Pero no nos quedamos solo en eso, también la propuesta pretende atornillar en la Constitución “soluciones” que ya existen en forma de ley. Si bien la lógica lo primero que nos sugiere es un “hagamos cumplir la ley”, tal vez existan algunos no muy atentos a los atropellos a la Carta Magna en los últimos tiempos que pensaron que, si lo ponemos en el texto constitucional va a traducirse en algo más eficiente. Como la ley 18.778 para los efectos de mantener los antecedentes legales (ley ampliamente perfectible, pero existente) ley que fue aprobada por un consenso multipartidario. A su vez, la propuesta de reforma desconoce que en los artículos 59 y 60 del Código Penal ya se contempla el agravante a mayores que se valgan de menores para cometer un delito.

En lo personal me preocupa enormemente la ingenuidad de plasmar en la propuesta que se plebiscita en su Artículo 2º “La presente reforma constitucional regirá de inmediato, una vez proclamado el resultado del plebiscito aprobatorio” siendo que prevé así como la ley 18.771 (actualmente vigente) “la existencia de un Servicio Descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de dieciocho años, debiendo dotar al mismo de los recursos necesarios para su funcionamiento. Dicho Servicio Descentralizado será objeto de un seguimiento especial en el que se dará participación al Comisionado Parlamentario Penitenciario”. Justamente el SIRPA (Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente) creado por ley de acuerdo multipartidario tiene problemas de funcionamiento debido a la falta de recursos económicos, técnicos, humanos, en fin , por falta de voluntad política y gubernamental especialmente.

¿Será una reforma de la Constitución la solución a nuestros problemas de seguridad? Todo apunta a que no. Pero es infinitamente más fácil, y reditúa mejor en las encuestas que dedicarnos a mejorar y fortalecer las instituciones, tanto las que atienden al origen como a las consecuencias de la delincuencia, en especial a la delincuencia juvenil.

A quienes con demagogia especulan electoralmente con reformas constitucionales estériles y áridas, tal vez no los despeine el viento en octubre, pero no tengo dudas que como cantaban los olimareños los vas a despeinar la historia. Y junto con ellos, a todos los que inocentemente se embarcaron (y a los que nos embarcarán) en este viaje sin retorno.

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